Las revelaciones periodísticas
sobre el lavado de dinero y la fuga de divisas por parte de encumbrados
miembros de la camarilla gobernante han sacudido al régimen, dejando al
descubierto todas las falacias del modelo kirchnerista y poniendo a la orden
del día un generalizado cuestionamiento al gobierno de Cristina Fernández.
Desde los dramáticos episodios de las inundaciones, con su interminable secuela
de víctimas de la desidia y la corrupción oficial, la ruptura de amplios
sectores de la población con éste gobierno ha pegado un salto adelante. No es
un proceso explosivo, viene madurando desde hace largos meses al calor del
deterioro de la situación económica de los más pobres y de amplias franjas de
las clases medias. Tuvo, ya, una fuerte expresión política en ocasión del aniversario
de la tragedia ferroviaria de Plaza Once. Fue madurando al calor del aumento
incesante de los precios “congelados” por Guillermo Moreno, en un contexto en
el que no hay demanda laboral y en que los salarios han perdido notablemente su
capacidad adquisitiva. La industria de la construcción, tradicional
dinamizadora de toda la economía, es, hoy, uno de los sectores en brutal caída,
mientras el comercio minorista acusa una fuerte retracción en las ventas y
crece la morosidad en la cadena de pagos. El descontento popular alcanza a
sectores importantes de la clase trabajadora que salen a defender sus salarios
o sus condiciones de trabajo. Largos días permaneció paralizado el transporte
de pasajeros de larga distancia, inmovilizando a decenas de miles de pasajeros
e incomunicando al país; los trabajadores judiciales efectuaron tres paros
consecutivos de 72 hs. cada uno, en rechazo a las modificaciones a su régimen laboral;
los bancarios, después de estériles negociaciones con una de las patronales más
beneficiadas por el modelo, se encuentran en estado de alerta y movilización; la
menguada producción petrolera fue paralizada por las huelgas de los petroleros
en el sur…
En ése contexto, el escándalo
protagonizado por el testaferro de Néstor y Cristina, Lázaro Báez, pone al tema
de la corrupción generalizada en el centro de la escena. Los miles de millones
de pesos, las bóvedas y cajas fuertes en las mansiones patagónicas, los aviones
y sus valijeros, las cuentas en el exterior y las millonarias “mejicaneadas” de
los “cadetes” hablan, claramente, de lo que han sido estos diez años de
gobierno de los exitosos K., al menos en lo que se refiere a sus patrimonios
personales. El verso de la reconstrucción económica del país, del surgimiento
de una burguesía productiva y desarrollista cae, como fruta podrida, ante el
verdadero rostro de esa burguesía: lúmpenes amparados por el Estado que, con
aprietes y negociados, se quedaron con fortunas inimaginables. También se explica,
desde estos mecanismos, la inexistencia de verdaderas obras de infraestructura
que hubiesen evitado las tragedias mencionadas o que hubiesen evitado que
nuestro país sea, hoy, absolutamente dependiente en materia energética y esté
jugando con fuego al mantener en funcionamiento centrales nucleares caducas y
obsoletas.
Mientras una buena parte de
la burguesía tradicional que acompañó los primeros años de este gobierno sigue tomando
distancias de esta gestión y ya ni atiende sus llamadas, los testaferros siguen
peleando por los últimos restos de la abundancia sojera. La estampida del dólar
no puede comprenderse sin el rol que cumplen grandes grupos burgueses –oficialistas
y opositores‐ fugando divisas. Son los mismos que aprovechan la brecha
cambiaria para sobrefacturar importaciones y/o subfacturar exportaciones y, de
esa manera, hacerse de los inalcanzables dólares reales y colocarlos en los
seguros paraísos externos.
UN INTERMINABLE OTOÑO DE PENURIAS OFICIALISTAS
El mes que acaba de
terminar, Abril, ha sido terrible para el gobierno: fue golpeado por los escándalos,
fueron silbadas y repudiadas sus principales figuras por los damnificados en
las inundaciones y no parece poder controlar una situación económica cada vez más
complicada. Pero Mayo no augura nada mejor: ésta decadencia en curso parece un
proceso ascendente e irreversible que puede culminar en una profunda crisis política.
El conflicto con el aparato judicial puede proporcionarle una paliza al
gobierno si declara, como aparece previsible, la inconstitucionalidad de las
leyes votadas y le voltea la convocatoria a las elecciones primarias. La
demanda de los fondos buitres está llegando a su clímax y no parece que vaya a
ser favorable al gobierno el fallo de los jueces yanquis. El descontento social
sólo puede crecer y, como no podía ser de otra manera, se ha iniciado un
irreversible proceso de éxodo de aliados, encabezado por la nueva estrella de
la oposición, Sergio Massa. Más allá del episodio electoral, que bien puede señalar
el principio del fin de la hegemonía kirchnerista, una crisis sobrevuela el
conjunto de un régimen que, como lo demuestra el ocaso populista, no ha podido
reconstruir sus herramientas de dominación. Para aprovechar la decadencia del
modelo y recoger sus últimos frutos, afilan sus armas la centro derecha, el
viejo peronismo y esa patética reedición de la Alianza que es el FAP de Binner
y Tumini. En tanto, adecuando su accionar a los estrechos marcos de una
democracia burguesa desacreditada, el Frente de Izquierda insiste en un accionar
divisionista y auto proclamatorio que lo aleja de constituirse en la
alternativa popular que exige la crisis en ciernes. Los revolucionarios, la
izquierda anticapitalista radical, los movimientos libertarios y autonomistas
tienen el deber de cerrar filas y acortar diferencias para constituir la unidad
de acción en las calles y la protesta directa que sacuda al régimen y abra paso
a una nueva situación en la que los oprimidos puedan imponer sus demandas.
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