EDITORIALEscribe Rubén Saboulard
Se suele decir que los primeros cien días de cualquier gobierno son definitorios y que es el período donde se marcan los grandes rumbos de la incipiente gestión; a la vez constituye una especie de plazo de gracia en el que la población tiende a juzgar con indulgencia y tolerancia sus actos y decisiones. Estamos al final de ese tramo y, siguiendo esa tradición, el gobierno ha marcado con absoluta claridad cuál es su prioridad y cual su objetivo central, a la par que los ánimos del pueblo comienzan a dar síntomas de impaciencia.La meta del gobierno es, sin duda alguna, encontrar los mecanismos que le permitan pagar, a libro cerrado, sin investigación ni reclamo alguno, la deuda externa. Es su convicción que no hay futuro si no hay paz con los acreedores, tal como lo proclama a diario con el apoyo casi unánime e interesado de todos los explotadores. Esta decisión es, además de errónea y falaz, una capitulación vergonzosa a los intereses de los enemigos de la Nación y del Pueblo y constituye una amnistía encubierta hacia aquellos que se enriquecieron hipotecando el futuro de nuestros hijos.Las promesas de campaña acerca de que la prioridad seria enfrentar la pobreza que azota al 40 % de los hogares, la miseria creciente, la mortandad infantil, la recuperación de los salarios y los haberes jubilatorios han quedado en el pasado o se repiten como frases huecas sin ninguna medida que indique que ese es el camino elegido.Por el contrario, todas las decisiones importantes están orientadas a dar señales a los usureros de que, apenas estirando plazos y cediendo algunos intereses, su deuda será pagada. Por eso es que el gasto social, las inversiones en obras públicas impostergables, las actualizaciones de salarios y jubilaciones, el crédito a las pymes, la financiación de las cooperativas y las empresas recuperadas y otras innumerables y legítimas demandas populares han quedado en el olvido. La vergonzosa confiscación de los haberes de la mitad de los jubilados –los que ganan más de $15.000- con la cínica excusa de ayudar a los que menos ganan no se le ocurrió ni siquiera a Macri. Pero Alberto lo hizo. Y es apenas un botón de muestra de un programa de ajuste contra el pueblo, por eso trascienden proyectos para elevar la edad jubilatoria –a 68 años los hombres y 64 las mujeres-, de ajustar tarifas de servicios públicos en junio y pasajes en abril, eliminar las clausulas gatillos en las paritarias e imponer –con la ayuda de la miserable burocracia sindical- topes del 30% a los aumentos salariales.Nada de esto es fruto de la casualidad: se trata de darle claras señales a los usureros acerca de donde saldrán los dólares que ellos cobrarán o, como dirían sus economistas, eliminar el déficit fiscal para poder pagar. Tampoco es casualidad la elección de un equipo económico que ha cerrado al máximo la canilla del gasto y sólo libera alguna emisión de dinero para mantener el mínimo oxígeno necesario. Por supuesto que la crisis no espera que Fernández y Guzmán terminen de arrastrarse ante los usureros y ya hay provincias al borde de la cesación de pagos e, incluso, las hay que están analizando emitir cuasi monedas, es decir los viejos patacones y lecop que aparecieron en la gran crisis anterior y que nadie quería aceptar pero con la que se pagaron a la baja salarios y jubilaciones.El arco peronista, en particular el de la liga de gobernadores, sobre el que Fernández pretendió su consolidación en el poder está empezando a crujir. No hay plata para nadie, ni siquiera para ellos. Algunas provincias adeudan salarios de febrero, otras pagan en cuotas y casi todas han suspendido la obra pública por falta de fondos. Ministerios que son cáscaras vacías. Promesas incumplidas que se amontonan. Desde los clubes de barrio, hasta las políticas de género, no hay plata para nadie. Obra Pública, imposible.
EL AJUSTE MATA EL VERSO
Lo que si hay es un ajuste en marcha, un ajuste con todas las letras, que tiene como eje la desindexación del gasto público, los salarios estatales, los planes sociales y las jubilaciones, es decir licuar los ingresos de los pobres haciéndolos más pobres, para juntar los dólares de los cuervos. Ganar tiempo y que el asesino silencioso de una indomable inflación haga su trabajo. Solo los usureros cobrarán, como ya lo están haciendo y como siguen cobrando y gozando de buena salud las mismas leliq y sus tenedores a los que Fernández iba a confiscar para mejorar salarios y jubilaciones.Pero aun esa salvaje política de ajuste, símbolo de disciplina y vasallaje ante el FMI y los suyos, puede resultar inútil: entre abril y mayo hay que pagarle a los buitres más de 6000 millones de dólares que no están y que ni siquiera el hambre del pueblo puede proveer.En el elenco gubernamental ya nadie habla de auditar la deuda, de investigarla ni de judicializar las responsabilidades criminales implícitas en su concreción. Nada de eso. Ni de mejoras en la economía popular ni de castigo a los responsables de la destrucción del país. El gobierno aparece como lo que desde su origen se diseñó: una rueda de auxilio en los planes de los poderosos para seguir adelante con el saqueo. Por eso no sorprende el apoyo indisimulado de los grandes medios ni las alabanzas a su “sensatez”, eufemismo que alude a su servilismo y pusilanimidad. En tanto, dirigentes sociales y sindicales convertidos en funcionarios, mercenarios a prebenda y sueldo, se esfuerzan por apaciguar el creciente malestar social, disimulándolo con discursos falso progresistas, clientelares e infames tickets alimentarios y pedidos de paciencia que ya comienzan a caer en el vacío.Esta patética conversión al vasallaje que estan protagonizando el gobierno peronista y sus aliados, incluso los mas progresistas, deja en claro, una vez más, que la liberación nacional y social de nuestro pueblo solo puede ser llevada adelante por la lucha independiente y la acción directa de los oprimidos, rompiendo los estrechos límites de la democracia burguesa y el electoralismo y combatiendo sin cuartel a los agentes de la opresión, derechosos o progres, ambos al servicio de un régimen capitalista que, en su dantesco crepúsculo de estiércol y sangre, destruye al mundo y a los pueblos.
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EDITORIAL
Escribe Rubén Saboulard
Se suele decir que los primeros cien días de cualquier gobierno son definitorios y que es el período donde se marcan los grandes rumbos de la incipiente gestión; a la vez constituye una especie de plazo de gracia en el que la población tiende a juzgar con indulgencia y tolerancia sus actos y decisiones. Estamos al final de ese tramo y, siguiendo esa tradición, el gobierno ha marcado con absoluta claridad cuál es su prioridad y cual su objetivo central, a la par que los ánimos del pueblo comienzan a dar síntomas de impaciencia.
La meta del gobierno es, sin duda alguna, encontrar los mecanismos que le permitan pagar, a libro cerrado, sin investigación ni reclamo alguno, la deuda externa. Es su convicción que no hay futuro si no hay paz con los acreedores, tal como lo proclama a diario con el apoyo casi unánime e interesado de todos los explotadores. Esta decisión es, además de errónea y falaz, una capitulación vergonzosa a los intereses de los enemigos de la Nación y del Pueblo y constituye una amnistía encubierta hacia aquellos que se enriquecieron hipotecando el futuro de nuestros hijos.
Las promesas de campaña acerca de que la prioridad seria enfrentar la pobreza que azota al 40 % de los hogares, la miseria creciente, la mortandad infantil, la recuperación de los salarios y los haberes jubilatorios han quedado en el pasado o se repiten como frases huecas sin ninguna medida que indique que ese es el camino elegido.
Por el contrario, todas las decisiones importantes están orientadas a dar señales a los usureros de que, apenas estirando plazos y cediendo algunos intereses, su deuda será pagada. Por eso es que el gasto social, las inversiones en obras públicas impostergables, las actualizaciones de salarios y jubilaciones, el crédito a las pymes, la financiación de las cooperativas y las empresas recuperadas y otras innumerables y legítimas demandas populares han quedado en el olvido. La vergonzosa confiscación de los haberes de la mitad de los jubilados –los que ganan más de $15.000- con la cínica excusa de ayudar a los que menos ganan no se le ocurrió ni siquiera a Macri. Pero Alberto lo hizo. Y es apenas un botón de muestra de un programa de ajuste contra el pueblo, por eso trascienden proyectos para elevar la edad jubilatoria –a 68 años los hombres y 64 las mujeres-, de ajustar tarifas de servicios públicos en junio y pasajes en abril, eliminar las clausulas gatillos en las paritarias e imponer –con la ayuda de la miserable burocracia sindical- topes del 30% a los aumentos salariales.
Nada de esto es fruto de la casualidad: se trata de darle claras señales a los usureros acerca de donde saldrán los dólares que ellos cobrarán o, como dirían sus economistas, eliminar el déficit fiscal para poder pagar. Tampoco es casualidad la elección de un equipo económico que ha cerrado al máximo la canilla del gasto y sólo libera alguna emisión de dinero para mantener el mínimo oxígeno necesario. Por supuesto que la crisis no espera que Fernández y Guzmán terminen de arrastrarse ante los usureros y ya hay provincias al borde de la cesación de pagos e, incluso, las hay que están analizando emitir cuasi monedas, es decir los viejos patacones y lecop que aparecieron en la gran crisis anterior y que nadie quería aceptar pero con la que se pagaron a la baja salarios y jubilaciones.
El arco peronista, en particular el de la liga de gobernadores, sobre el que Fernández pretendió su consolidación en el poder está empezando a crujir. No hay plata para nadie, ni siquiera para ellos. Algunas provincias adeudan salarios de febrero, otras pagan en cuotas y casi todas han suspendido la obra pública por falta de fondos. Ministerios que son cáscaras vacías. Promesas incumplidas que se amontonan. Desde los clubes de barrio, hasta las políticas de género, no hay plata para nadie. Obra Pública, imposible.
EL AJUSTE MATA EL VERSO
Lo que si hay es un ajuste en marcha, un ajuste con todas las letras, que tiene como eje la desindexación del gasto público, los salarios estatales, los planes sociales y las jubilaciones, es decir licuar los ingresos de los pobres haciéndolos más pobres, para juntar los dólares de los cuervos. Ganar tiempo y que el asesino silencioso de una indomable inflación haga su trabajo. Solo los usureros cobrarán, como ya lo están haciendo y como siguen cobrando y gozando de buena salud las mismas leliq y sus tenedores a los que Fernández iba a confiscar para mejorar salarios y jubilaciones.
Pero aun esa salvaje política de ajuste, símbolo de disciplina y vasallaje ante el FMI y los suyos, puede resultar inútil: entre abril y mayo hay que pagarle a los buitres más de 6000 millones de dólares que no están y que ni siquiera el hambre del pueblo puede proveer.
En el elenco gubernamental ya nadie habla de auditar la deuda, de investigarla ni de judicializar las responsabilidades criminales implícitas en su concreción. Nada de eso. Ni de mejoras en la economía popular ni de castigo a los responsables de la destrucción del país. El gobierno aparece como lo que desde su origen se diseñó: una rueda de auxilio en los planes de los poderosos para seguir adelante con el saqueo. Por eso no sorprende el apoyo indisimulado de los grandes medios ni las alabanzas a su “sensatez”, eufemismo que alude a su servilismo y pusilanimidad. En tanto, dirigentes sociales y sindicales convertidos en funcionarios, mercenarios a prebenda y sueldo, se esfuerzan por apaciguar el creciente malestar social, disimulándolo con discursos falso progresistas, clientelares e infames tickets alimentarios y pedidos de paciencia que ya comienzan a caer en el vacío.
Esta patética conversión al vasallaje que estan protagonizando el gobierno peronista y sus aliados, incluso los mas progresistas, deja en claro, una vez más, que la liberación nacional y social de nuestro pueblo solo puede ser llevada adelante por la lucha independiente y la acción directa de los oprimidos, rompiendo los estrechos límites de la democracia burguesa y el electoralismo y combatiendo sin cuartel a los agentes de la opresión, derechosos o progres, ambos al servicio de un régimen capitalista que, en su dantesco crepúsculo de estiércol y sangre, destruye al mundo y a los pueblos.
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