En estos ocho años de gobierno
kirchnerista no ha pasado un mes sin que nuestro pueblo haya protagonizado algún
incidente o algún enfrentamiento serio originado en el mayor drama de los
pobres argentinos, el de la falta de vivienda y de tierras para construir un
rancho. Ahora ha sido Jujuy, gobernada por los amigos de Cristina Fernández, el
escenario de otro terrible episodio en el que el régimen abandona sus máscaras
amables y sus discursos democráticos y lanza a sus policías y gendarmes, armados
hasta los dientes, a defender el privilegio de los ricos y los propietarios,
masacrando a los sin techo, a los humildes, asesinando inocentes, apaleando
mujeres y niños, en medio del silencio bastardo de los intelectuales “progresistas”
que acompañan a este gobierno. Ya son catorce sus muertos. La mayoría, caídos por
luchar por la tierra y la vivienda, siempre a mano de su policía “democratizada”,
en territorios gobernados por sus aliados y socios. Así ha sido durante todos
estos años de gobierno, a lo largo y a lo ancho del país. Más de quince
millones de argentinos carecen de vivienda digna, viven amontonados en casa de
familiares, habitan ranchos miserables, pueblan las villas, se hacinan en casas
ocupadas o conventillos, pagan alquileres prohibitivos y son rehenes de las
inmobiliarias y los especuladores. Son más de tres millones las viviendas que
se necesitan para resolver el déficit habitacional nacional. Es una cifra muy
grande que se agranda, año tras año, en 100.000 unidades nuevas, producto del
crecimiento poblacional del país. Pero, con ser una cifra grande no es una
cifra imposible de batir. Nuestro país tiene recursos suficientes para encarar
la solución de la mayor deuda social con el pueblo argentino: si sólo se destinara
a este fin la plata que CFK y su Amado Boudou piensan pagarle al Club de París
ya se resolvería el 10 % del déficit habitacional. No, no es un problema de
plata. Menos aún cuando se admite que la construcción es una “madre de
industrias”, que reactiva, genera empleo y moviliza recursos como pocas
industrias pueden hacerlo. No, no es por un problema de falta de plata que
responden con tiros y muertos al reclamo de vivienda. Es por la defensa de las
políticas y los intereses de los propietarios, de la patria constructora, de
los especuladores, de los usureros, de los dueños de la tierra y los ladrillos
que este gobierno no tiene oídos ni planes para los desamparados. No puede
solucionar el problema de la falta de viviendas quien es parte del problema y
socio de los beneficiarios del “modelo” especulativo, usurario, inmobiliario que
gestiona. Tampoco puede hacerlo porque la fortuna misma de la familia
presidencial está forjada en la peor de las usuras, en la especulación
inmobiliaria, los alquileres y las hipotecas. Sólo en la Capital Federal, donde
faltan 120.000 viviendas, hay 40.000 unidades vacías para interés de
especuladores y muchas de ellas han sido financiadas con créditos blandos
otorgados por la banca oficial a los amigos del régimen. Este gobierno no pude solucionar
el problema porque es socio de los Blaquier, dueños de Ledesma; de Franco Macri
y la Cámara
Argentina de la Construcción; de
Fernández Prieto y los grupos que se apoderaron de Puerto Madero y, en fin, de
Schoklender y Milagros Sala…
NI TIERRA NI VIVIENDA, BALAS “PROGRESISTAS” POR RESPUESTA
Tampoco va a solucionar el drama de la
vivienda un gobierno que tiene como máxima aspiración electoral afianzarse en
los sectores acomodados de las clases medias, beneficiarios de la especulación
inmobiliaria y rentistas de alquileres urbanos y a los que no va a tocar ningún
interés en la vana ilusión del voto. En tanto el pueblo vela a sus nuevos
mártires y la pandilla gobernante guarda silencio y busca responsables entre
las víctimas, el disfraz progresista del gobierno cae al barro y se muestra
como lo que es, como una mascarada que encubre a un sólido defensor de los
intereses de los privilegiados, de los que saquean nuestra nación y nuestros
hogares. Y, como no se puede engañar a todo el mundo, las mentiras y el
discurso de los derechos humanos lejanos se agotan y dejan paso al descrédito,
al rechazo o a la indiferencia. Las elecciones de Capital, Santa Fe y Córdoba
atestiguan que el tiempo de la tolerancia popular, el de la mentira exitosa, el
del discurso triunfalista se está agotando. Aunque el pueblo no tenga
herramientas propias para expresar su rechazo, utiliza lo que tiene a mano para
comenzar a marcar el fin de un ciclo que se agotó en promesas, que se prodigó
en corromper organizaciones sociales como si eso fuera justicia social, en
comprar organismos de DD.HH. y sus memorias como si con eso pudiese tapar su inmenso
desprecio a los derechos humanos cotidianos de nuestro pueblo, empezando por el
derecho a la vivienda y el trabajo. Con sus manos manchadas de sangre, con sus
aliados, cómplices y cagatintas cabizbajos, con sus ideólogos enfrentados
buscando explicaciones, la escena del jueves 28 de julio en Plaza de Mayo, con
Hebe de Bonafini custodiada por las patotas de la Policía Federal para
protegerla del justo reclamo de los obreros a los que estafó con su socio-hijo
Schoklender, es la expresión más patética de la bancarrota del régimen.
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